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Noviembre 18, 2024

ChileCompra fue parte de seminario de la Contraloría sobre Nueva Ley de Compras

ChileCompra fue parte del Seminario Nueva Ley de Compras: Perspectiva Jurídica, actividad organizada por el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) de la Contraloría General de la República y que contó con la asistencia de distintos actores vinculados al sistema de compras a través del Estado.  

Continuando con las actividades relacionadas con las modificaciones a la Ley de Compras Públicas, el 14 de noviembre se realizó el encuentro donde se abordaron los principales aspectos jurídicos de la nueva normativa y analizaron los nuevos requerimientos en materia de Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).

En sus palabras de bienvenida al seminario, el director subrogante de ChileCompra, Cristian Pérez, destacó que la modificación de esta normativa “implica la entrada en vigencia inmediata de un capítulo destinado a aumentar la transparencia y la probidad en la contratación pública”, algo que afectará “a más de mil entidades públicas y a más de 120 mil proveedores a través de la plataforma de Mercado Público”.

Para Cristian Pérez, instancias como este seminario contribuyen a profundizar en estos nuevos requerimientos, añadiendo que “en ChileCompra estamos trabajando intensamente en la implementación de estas modificaciones, realizando capacitaciones y levantando inquietudes entre compradores y proveedores en todo el país”.

Desde la mirada de la Contraloría, el jefe de la División Jurídica, Víctor Hugo Merino, mencionó que instancias como esta son parte del trabajo en capacitación que está realizando este organismo y que, en ese sentido, “es un gran orgullo colaborar con ChileCompra en este tipo de actividades, pues para nosotros se trata de un aliado natural para combatir la corrupción en los procesos de compras públicas”.

En relación con las modificaciones que ahora son parte de la Ley 21.634 y que entrarán en vigor a partir del 12 de diciembre de 2024, Merino afirmó que estas, “nos otorgan nuevas facultades que ejerceremos de manera estricta y oportuna”, recalcando que el gran propósito de estas mejoras es asegurar de que “no haya espacios para la falta de probidad, menos cuando se trata del uso de recursos públicos”.

Nueva normativa sobre la declaración de intereses y patrimonio

Tras otorgar un espacio para resolver las dudas de las y los asistentes, el seminario continuó con la presentación de los principales elementos sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, específicamente en lo relacionado con la Declaración de Intereses y Patrimonio, cuyos ajustes también comenzarán a regir a partir del 12 de diciembre dentro de la Ley 21.634.

La intervención estuvo a cargo de Gustavo Rivera, jefe del Departamento de Evolución Patrimonial y Declaraciones de la División de Fiscalización de Contraloría, quien explicó los puntos principales de esta norma, recalcando aquel que modifica el perfil de los actores que deben presentar la DIP, incorporando a todas las personas pertenecientes a las entidades que participen del procedimiento de contratación o de ejecución contractual, con actualizaciones en marzo y septiembre de cada año y sin importar la calidad jurídica bajo la que se desempeñan.

“Lo que hemos detectado es que, en general, el funcionario público tiene la intención de declarar y hacerlo de manera correcta, pero a veces no tiene los instrumentos para hacerlo”, afirmó Gustavo Rivera asegurando que a partir de este escenario es que se vuelve relevante la capacitación en la participación de este proceso a todas las personas involucradas.

“Hoy va a entrar un grupo nuevo de gente que nunca se enfrentado a la plataforma ni a esta obligación y que de alguna manera también se va a ir educando. Por eso, la idea es capacitar a la mayor cantidad de personas, de manera que la gente llegue con la menor cantidad de dudas al momento de tener que declarar”, explicó.

Al respecto, el director subrogante de ChileCompra, aseguró que tanto esta como las demás modificaciones de la nueva Ley de Compras Públicas son parte de “un avance significativo para la administración pública” que va en la línea del trabajo colaborativo realizado con distintos organismos y con desafíos comunes en beneficio de toda la ciudadanía.

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