Resumen
Las inhabilidades para contratar contempladas en el inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886, no resultan exigibles a las universidades, corporaciones y fundaciones, en tanto éstas no son personas jurídicas del tipo que dicho precepto considera.
Resumen
La causal de trato directo regulada en la letra g) del artículo 8°, de la ley N° 19.886, y en el artículo 10 N° 7, letra f), de su reglamento, exige que sean debidamente acreditadas por el Servicio las circunstancias que hacen procedente la aplicación de dicha causal y que permiten justificar las razones por las cuales la entidad contratada se sitúa en una posición de privilegio con respecto a otras entidades que podrían otorgar las mismas prestaciones comprendidas en el contrato en análisis.
Resumen
Da curso a resolución de la Subsecretaría de Transportes, que autoriza un contrato de servicio, señalando que las cláusulas de dicho contrato deben ser entendidas sin perjuicio de las disposiciones de la ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, en lo que resulten aplicables a la Administración del Estado. Asimismo señala que la garantía de fiel cumplimiento contemplada en el contrato, también asegura las obligaciones laborales y sociales que correspondan, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley N° 19.886, modificado por la Ley N° 20.238.
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Da curso a la resolución que aprueba antecedentes para la licitación de la obra “Ampliación Biblioteca Andrónico Luksic”, en el entendido de que la calificación de las ofertas será debidamente fundamentada, y sin perjuicio de que en los pliegos de condiciones que elabore a futuro la Universidad se deberán contener los factores de evaluación, sus puntajes y ponderación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 19.886, las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros, sin que se pueda atender sólo al precio de la oferta. En atención a que el artículo 22, N° 7, del reglamento de la Ley de Compras Públicas, entre los requisitos mínimos que deben contener las bases, se encuentran los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación.
En lo sucesivo se debe abstener de exigir requisitos de experiencia al personal de los licitantes, sin perjuicio de que pueda considerarse ello como factor de evaluación.
Hace presente que conforme al artículo 18 de la ley N° 19.886, en los procesos de licitación corresponde utilizar sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública, siendo excepcional la tramitación de documentos en soporte papel, la que sólo procede en las situaciones previstas en el artículo 62 del reglamento de la Ley de Compras Públicas.
Resumen
Repara de las bases administrativas en estudio, que señalen que sin perjuicio de las inhabilidades contenidas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la ley N° 19.886, no podrán participar en la licitación “aquellas empresas o empresas relacionadas que tengan entre sus socios a una o más personas que presten servicios al Ministerio de Salud, Servicios de Salud, Secretarías Regionales Ministeriales o a sus organismos dependientes, como trabajadores dependientes o que posean una participación social igual o superior al 50%”. Esto dado que las únicas inhabilidades para contratar con el Estado se encuentran contempladas precisamente en el artículo 4° de la citada ley N° 19.886, siendo improcedente la estipulación de otras que no tengan origen legal.
Resumen
Las estipulaciones de las bases de licitación deben considerar la ponderación de los aspectos económicos de las propuestas, en términos de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 37 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, toda vez que conforme a dicho precepto, la evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido. Por tanto, la autoridad administrativa, en la selección, no puede limitarse únicamente a la calidad técnica de la oferta y la experiencia del proponente, sino que debe examinar, además, los aspectos económicos de las propuestas, a objeto de alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del servicio por adquirir, no siendo procedente, por tanto, que se considere la evaluación económica sólo como criterio de desempate, en caso de igualdad de puntajes en la valoración de los aspectos técnicos.
Se debe dejar constancia en los considerandos del acto que aprueba las bases administrativas que regirán la licitación pública respectiva, la circunstancia de no haberse encontrado disponible el bien o servicio requerido en el catálogo de bienes y servicios ofrecidos en el Sistema de Información Chilecompra, en la modalidad de Convenios Marcos vigentes.
Resumen
Decretos N°s 100, de 1993, y 201, de 1998, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que establecen normas para asignar los proyectos de investigación pesquera y aprueban las bases administrativas de los concursos públicos de proyectos financiados por el Fondo de Investigación Pesquera, respectivamente, deben ser adecuados a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio y sus modificaciones, introducidas por las leyes N°s. 20.088 y 20.238.
Resumen
El decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, que establece normas sobre los convenios que celebren los Servicios de Salud con otras personas naturales o jurídicas, relativos a la ejecución de las acciones de salud que el ordenamiento encomienda a dichos organismos públicos, regula, la celebración de un acuerdo de voluntades que, atendida su naturaleza, forman parte de la clase de los contratos administrativos onerosos que tienen por objeto la prestación de un servicio en favor de la Administración del Estado, y por tanto, dichos acuerdos se encuentran sujetos a las disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar -COSAM-, constituyen servicios que han sido traspasados a las municipalidades, y se encuentran, por ende, sujetos a la dependencia directa de las entidades edilicias respectivas. Por lo tanto, el Servicio de Salud se encuentra facultado para encomendar, de conformidad con las disposiciones de decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, a los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar dependientes de los municipios de su jurisdicción, la ejecución de las acciones que el ordenamiento jurídico le encomienda, procediendo al efecto por la vía de la contratación directa.
Tema de la Consulta:
Resumen
La experiencia exigida a los integrantes del equipo de trabajo de los proponentes en las respectivas bases administrativas, atenta contra el principio de la libre concurrencia de los oferentes consagrado en los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886, sin perjuicio de que pueda ser considerada como un criterio de evaluación, en los términos previstos por el artículo 38 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
La cita a los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 4° de la ley N° 20.088 contenida en los formatos de declaración jurada, de las bases de licitación, relativos a las prohibiciones de contratar con la Administración, debió efectuarse a los incisos sexto y séptimo del artículo 4° de la ley N° 19.886.
Por razones de certeza jurídica, los documentos de la licitación deben transcribirse en la resolución aprobatoria, resultando insuficiente la sola mención de que forman parte integrante de la misma.
Tema de la Consulta:
Resumen
La declaración jurada de las bases de licitación debe orientarse a las inhabilidades del artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886. Además las inhabilidades e incompatibilidades que dicho artículo indica, deben ajustarse a lo prescrito en el artículo 92 del citado decreto N° 250, incorporando todas las causales que dicha norma consagra.
Donde se regula el cambio en el equipo de trabajo, se debe establecer que los miembros del equipo que se proponga deberán ser de igual o superior nivel profesional al requerido las bases técnicas.
Corresponde que la evaluación de las ofertas sea ponderada por una Comisión Evaluadora designada exclusivamente para tal efecto, no resultando procedente que dicha tarea sea encomendada a la Contraparte Técnica del contrato, por cuanto las funciones propias de esta última deben desarrollarse durante la ejecución del mismo.