Oferta en la licitación para la renovación del Convenio Marco de Seguro de Vida con adicional de salud

Las proveedoras y proveedores del rubro pueden revisar las bases de licitación con el ID 2239-12-LR23 en www.mercadopublico.cl y enviar sus ofertas hasta las 15.00 horas del viernes 25 de agosto.

Licitación de Convenio Marco:

ChileCompra invita a las proveedoras y los proveedores del rubro de Seguros a participar de una nueva licitación del Convenio Marco para la Adquisición de Seguro de vida con adicional de salud (ID 2239-12-LR23), el cual busca entregar a los funcionarios y funcionarias de los servicios de bienestar de los organismos públicos acceso a seguros con mejores coberturas y primas, con un plan de salud que cubre las necesidades transversales de salud. Para ello, los proveedores o proveedoras deberán entregar ofertas técnicas relacionadas con el plan base definido por la Dirección de Compras Públicas, al que podrán mejorar la cobertura de las prestaciones o incorporar nuevas.

En esta renovación, se busca incrementar la participación tanto de proveedoras y proveedores vigentes, como de otras empresas integrales del rubro, con el fin de generar máxima competencia.

A través de los requisitos de la licitación, se busca recibir ofertas más competitivas y con mejores coberturas para las funcionarias y funcionarios públicos al segmentar el BMI (Isapre-Fonasa), teniendo una vigencia del convenio a 2 años, más 12 meses de prórroga y una nueva fórmula de reajuste de precios a 11 meses.

Región del Biobío: Más de 85 funcionarias y funcionarios de municipios de la región participaron de capacitación para un mejor uso de los recursos de las compras públicas

La actividad realizada busca profundizar los principios de eficiencia, probidad y acceso en las compras públicas municipales.

Para un mejor uso de los recursos públicos y aumentar las buenas prácticas, más 85 funcionarias, funcionarios y autoridades de las municipalidades de la Región de Biobío participaron de la capacitación “Introducción a las Compras Públicas”, gestionada en conjunto con la SEREMÍA de Hacienda de la Región de Biobío, tuvo por objetivo poder relevar los miramientos fundamentales de los procedimientos de contratación, especialmente enfocadas en la gestión municipal.

Rolando Guzmán, relator de formación de ChileCompra, explicó las distintas modalidades de compra disponibles en la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl para la adquisición de bienes y servicios que realizan las municipalidades de la región en pos de mejores servicios públicos para la ciudadanía. Las compras públicas son fundamentales para cubrir las necesidades de la población por parte del Estado, impulsar el desarrollo de mercados y hacer un uso eficiente de los recursos públicos.

Guzmán detalló que las entidades del Estado son responsables de las compras que efectúan y debe siempre propender a obtener como resultado la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de los bienes o servicios por adquirir y todos sus costos asociados. Destacó que la eficiencia en las compras públicas indicando que cada funcionario debe asumir la responsabilidad de tomar una decisión eficiente cuando compra, desde el requerimiento hasta el pago oportuno a los proveedores.

Destacó los principios rectores de las compras públicas que son la eficiencia, transparencia, probidad, y libre concurrencia de los oferentes, esto permitir una participación abierta y competitiva de los proveedores del Estado. Se dio cuenta asimismo de los distintos roles y atributos dispuestos para la gestión de las compras en la Plataforma Mercado Público.

Hizo mención especial a las consideraciones de la ley orgánica constitucional de municipios respecto a las compras mayores a 500 UTM, así como cuál es el alcance concreto que tienen los Consejos Municipales respecto a dichas compras, dejando en claro que el contenido de las bases de licitaciones no deben ser alterados y que es fundamental tener presente el principio de la estricta sujeción a las bases durante todo el proceso de la contratación y los contratos definitivos.

Participa de la Consulta al Mercado sobre aplicación de Inteligencia Artificial

Hasta las 16.00 horas del 24 de julio, los proveedores, proveedoras y empresas interesadas pueden participar de esta Consulta al Mercado (RFI) publicada en www.mercadopublico.cl a través del ID 749221-7-RFI23.

ChileCompra invita a las usuarias y usuarios del rubro cibernético que puedan ser parte de la Consulta al Mercado (RFI) sobre experiencias en torno a la aplicación de Inteligencia artificial, con la misión de conocer las mejores prácticas en la introducción de tecnología cognitiva en los procesos de relacionamiento con clientes, y así lograr:

• Aumentar el autoservicio en la gestión de requerimientos, particularmente a los asociados a consultas de los usuarios de la plataforma de Mercado Público.
• Mejorar la resolutividad en primer contacto de los requerimientos recibidos por la institución.
• Aumentar la satisfacción de los usuarios con el proceso de atención.
• Reducir la curva de aprendizaje de los ejecutivos que gestionan la atención de usuarios.

La consulta estará abierta desde el miércoles 12 de julio hasta las 16.00 horas del 24 de julio, plazo en donde los participantes pueden revisar la propuesta y hacer llegar sus comentarios y aportes vía correo.

Puedes participar directamente aquí.

Más de 500 funcionarias y funcionarios públicos se capacitan para incorporar perspectiva de género en sus compras 

Los participantes de distintas reparticiones del Estado conocieron los beneficios del Sello Empresa Mujer y cómo establecer criterios inclusivos en sus procesos en licitación. 

Participa de la próxima capacitación programada para el 25 de julio de 2023. Inscríbete aquí.  

Las compras públicas pueden contribuir a nivelar el acceso de las mujeres a las oportunidades de negocio y aumentar así la productividad de la economía nacional. 

Desde el año 2016, ChileCompra impulsa la participación de las mujeres y de las empresas lideradas por ellas en las contrataciones del Estado, a través de la Directiva Nº 20, la entrega del Sello Empresa Mujer y diversas capacitaciones que otorgan a los compradores y compradoras herramientas para aplicar criterios que faciliten el ingreso de proveedoras a Mercado Público. 

En esta línea, el martes 11 de julio se desarrolló una nueva charla a organismos, en donde participaron 568 funcionarias y funcionarios de distintas reparticiones como la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud, la Defensoría Penal Pública, la Fuerza Aérea, la Armada, hospitales y municipalidades de todo el país. 

En la oportunidad, la profesional Stephany Vásquez, parte del equipo de Formación de ChileCompra, explicó cómo incorporar criterios inclusivos que fomenten la participación de las mujeres, tanto las Bases de Licitación como criterio de desempate ante igualdad de oferentes, en los criterios de evaluación y en la etapa de firma de contratos.  

De esta manera por ejemplo, se podría asignar una ponderación al momento de evaluar a las mujeres o empresas lideradas por ellas o a quienes tengan implementada una política de inclusión de género a través de la paridad en sus contrataciones otorgando entre un 5% a un 15% en los criterios de evaluación en un proceso de licitación pública cuando la entidad así lo defina.

Asimismo, los funcionarios y funcionarias pudieron aprender cómo identificar el Sello Empresa Mujer en la ficha del Registro de Proveedores o en la Tienda de Convenio Marco con empresas adjudicadas y cómo aplicar otros criterios inclusivos que fomenten la participación de las Mipymes y los proveedores locales. 

• Participa de la próxima capacitación programada para el 25 de julio de 2023. Inscríbete aquí.  

Proyecto de Ley que moderniza el sistema de compras públicas avanza y algunos artículos continuarán su discusión en Comisión Mixta

La Sala aprobó en general el proyecto de ley y despachó a la instancia, que reúne a diputados y senadores, un grupo de artículos para realizar modificaciones. 

Este martes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votó el proyecto de ley que reforma el sistema de compras públicas, el cual fue aprobado en general, así como un grupo de artículos en particular que Diputadas y Diputados solicitaron ser votados por separado. Sin embargo, de dicha votaciones por separado, cuatro grupos de artículos fueron rechazados por la Sala y despachados a Comisión Mixta para realizarles modificaciones. Dicha instancia quedó conformada por los parlamentarios Ricardo Cifuentes (como informante), Camila Rojas, Gastón von Mühlenbrock, Miguel Mellado y Jaime Naranjo. 

De esta manera, parte del proyecto de ley continuará su discusión en el Congreso para revisar los últimos ajustes a los artículos. 

El cuerpo legal trae consigo importantes beneficios, ampliando la cobertura de entidades públicas que ahora se rigen por la ley, las que deberán efectuar sus compras en la plataforma de ChileCompra www.mercadopublico.cl. Eso significará un aumento en la cantidad de usuarios compradores y también de proveedores que van a tener mayores oportunidades de vender sus productos y servicios al Estado. 

Más probidad y transparencia 

Se incorpora en la ley un nuevo capítulo que fortalece las normas de probidad y transparencia y se refuerza que la licitación es la regla principal como procedimiento de compra. Además, se refuerza el principio de que, existiendo aportes públicos, las adquisiciones deberán sujetarse a la Ley de Compras. Se amplía el catálogo de inhabilidades para contratar con el Estado, compuesto por delitos concursales y tributarios, incumplimientos contractuales, condenas laborales y cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Se regulan los conflictos de interés, ampliando a todos los funcionarios de los organismos públicos -y no sólo los Directivos- la imposibilidad de que ellos, así como sus parientes y sociedades, vendan productos o servicios a las entidades públicas en las que trabajan. Dichas inhabilidades se extenderán a los beneficiarios finales.    

Fomento a las Empresas de Menor Tamaño y proveedores locales: 

La Compra Ágil pasa a ser una modalidad a ser usada exclusivamente por éstas y se amplían los montos de 30 UTM a 100 UTM, lo que se traducirá en oportunidades de negocio por unos US$ 300 millones adicionales al año. Esta medida rige a un año de la publicación de la ley. La nueva ley establece criterios de priorización hacia la compra regional, a través de la introducción de la definición de “proveedor local”. Con ello, los proveedores locales podrán ofertar en mejores condiciones en las licitaciones convocadas por los organismos con presencia en sus propias regiones.   

Mejor uso de los recursos públicos 

También se incorporan nuevos mecanismos de compra, se perfeccionan los Convenios Marco como un procedimiento competitivo, que persigue la eficiencia y la reducción de costos, para cubrir bienes o servicios estandarizados, de demanda regular y transversal. Los convenios marco deberán tener adjudicaciones regionales, salvo excepciones fundadas. Además, no podrán establecerse criterios de evaluación y admisibilidad que impliquen una discriminación arbitraria a las Empresas de Menor Tamaño. 

Más innovación pública 

Un eje adicional en el Proyecto, que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Economía, dice relación con la regulación de las compras públicas de innovación. Estas son compras que le permitirán a los organismos del Estado acceder a bienes y servicios innovadores para solucionar problemas complejos que hoy no tienen solución estándar en el mercado. Adicionalmente, el proyecto contempla la creación de un Comité de Compras Públicas de Innovación y la dictación de una política de compra pública de innovación que permitirá ordenar y evaluar el actuar del Estado como demandante de este tipo de productos. 

Fortalecimiento Tribunal de Contratación Pública  

Se aumenta de 3 a 6 los jueces integrantes del Tribunal de Contratación Pública. Los jueces tendrán dedicación exclusiva. Además se perfeccionan los procedimientos de inhabilidades y prohibiciones para quienes integren el Tribunal. La información de las causas del Tribunal de Compras será visible en la ficha del proveedor de Mercado Público.   

Se aumenta competencia del Tribunal abarcando todos los procedimientos de contratación, no sólo licitaciones. De esta manera suma las etapas de ejecución del contrato, inscripción en Registro de proveedores y posible acción de nulidad. El TCP podrá suspender un procedimiento de compra o ejecución de contrato como medida prejudicial precautoria. La gestión administrativa corresponderá a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.  

Artículos a Comisión Mixta

Fueron cuatro los artículos rechazados por la Sala de la Cámara de Diputados y que continuarán su tramitación en Comisión Mixta.

El primero de ellos extendía la aplicación de la Ley de Compras Públicas (N° 19.886) a nuevas entidades públicas y privadas, fortaleciendo el principio general de que todo gasto público se debe realizar de acuerdo con la ley de compras. Así, se ampliaba a organismos autónomos como el Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Poder Judicial y otros. En tanto, al Banco Central y a empresas y sociedades donde el Estado tenga más de 50% de participación, se les aplicará el capítulo de probidad y transparencia; y en caso de adherir voluntariamente a la ley de compras, el procedimiento se hará vía ChileCompra.

En cuanto a las entidades privadas, también se aplicará a corporaciones, fundaciones y asociaciones de participación municipal o regional; fundaciones donde participe el Presidente de la República; corporaciones, fundaciones y asociaciones donde participe o administre un organismo del Estado, que reciban una cantidad igual o superior a 1.500 UTM (cerca de $95 millones) en un año.

En segundo lugar, se rechazó un artículo a la extensión de la aplicación de la ley a los contratos de ejecución de obra y los estudios, proyectos y asesorías relacionados con concesión de obra. Actualmente la Ley de Compras no aplica a los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas y ciertos contratos de obra que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización, por ello el proyecto de ley en discusión, a través de su artículo 3° bis, extendía el ámbito de aplicación del sistema de compras públicas, estableciendo que a los contratos de ejecución de obra y los estudios, proyectos y asesorías relacionados con concesión de obra, se les aplicarán los capítulos de la Ley N° 19.886 sobre Probidad y Transparencia y sobre el Tribunal de Contratación Pública, hasta la adjudicación del contrato.

Además, se establecía que los procesos de contratación de ejecución y concesión de obra pública deberán ejecutarse íntegramente a través de la plataforma Mercado Público (denominada, de acuerdo al artículo 19, “Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado”), con una excepción que debe justificarse por resolución fundada.

Un tercer punto rechazado trata de los criterios de selección preferente que abarca ámbitos como innovación, sustentabilidad, materias de género o promoción de empresas de menor tamaño o de economía social; y son adicionales o complementarios al criterio general -que busca alcanzar la combinación más ventajosa-, lo que se podría traducirse como un desempate. La iniciativa establecía que, no obstante, estos no pueden prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica, no pudiendo, en consecuencia, excluir o impedir la participación de otros oferentes.

Por último, pasaron a Comisión Mixta un grupo de artículos que regulan, en primer lugar, el procedimiento de trato directo, acotando sus causales de procedencia, sujetándolo a estándares de publicidad y reforzando su carácter excepcional. Además, se rechazó un artículo que regulaba de mejor manera el procedimiento a seguir en caso de que la primera licitación pública hubiera sido declarada inadmisible. Finalmente, se rechazó una propuesta de regulación del procedimiento especial de compra por cotización –aplicable a los casos en que se trate de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente-, y los servicios de personas jurídicas que deban ejecutarse fuera de territorio nacional.